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Defensa Publica y DDHH Defensa Publica y DDHH POPULAR
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Defensa pública y derechos humanos*
-Banco de Datos sobre torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-
Mario Luis Coriolano**

* Basado en la exposición efectuada durante el Primer Congreso Interamericano de Defensorías Públicas, en el panel “Mecanismos de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad” que tuviera el honor de integrar junto a Elías Carranza –Director del ILANUD-, al defensor Ramón de la Cruz Ochoa –Cuba-, y a las Defensoras Diana Montero –Costa Rica- y Rosalía Sosa – Republica Dominicana-, con la dirección de José Manuel Arroyo –Magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica- (San José de Costa Rica, 23 al 26 de octubre del 2002). Publicado en la revista Defensa Pública Edición Especial “1º Congreso Interamericano de Defensorías Públicas”, San José, Costa Rica. Octubre 2003.

** Defensor de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

 

INTRODUCCION.

En este trabajo me referiré a la función que debe desempeñar la defensa pública ante la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con especial referencia a la información relevante al respecto y que obra, en algunos supuestos con exclusividad, en los Ministerios Públicos de la Defensa.

Se llevó a cabo la creación de una base de datos, mediante la Resolución Nº13 de fecha 17 de marzo de 2000 (anexo 1) con la finalidad – entre otras – de sistematizar tal información debido a que en el seno del Consejo de Defensores1 estábamos percibiendo un aumento de casos de torturas y malos tratos que por la gravedad y reiteración era necesario documentar su recepción, clasificación y darle un uso adecuado.

Esta toma de decisión institucional se basó en la conceptualización del defensor público como un defensor de los derechos humanos.

Desarrollaré, pues, cuestiones acerca del por qué, cómo y para qué se puso en marcha dicho programa institucional que se insertó en un Plan Integral2 que comenzó a ejecutarse en los inicios del año 1998 con la nueva estructura del Ministerio Público de la Defensa en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la implementación de una nueva justicia penal, que también comenzaba.

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