Viernes, Septiembre 20, 2019
Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura Honduras (MNP-CONAPREV)

Ginebra, 28 de junio de 2019. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su preocupación por el uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza y expresa su rechazo absoluto ante  la intervención de las  fuerzas militares en el marco del paro convocado por los sectores de la salud y la educación.

Desde la última semana de abril de 2019 han tenido lugar en Honduras numerosas manifestaciones y protestas, a través de las cuales, diversos sectores sociales han rechazado las reformas impulsadas por el gobierno nacional a través de dos Decretos[1], alconsiderar que estos menoscaban el acceso de la población a la salud y la educación.

 La OMCT ha recibido informaciones de fuentes fidedignas sobre la represión violenta ejercida por parte de fuerzas policiales, militares y grupos de civiles armados contra las personas manifestantes que a día 27 de junio han dejado al menos seis muertos, incluyendo un menor de edad, en varios departamentos del país (Francisco Morazán, Cortés, La Paz, Intibucá), por el impacto de armas de fuego así como por la inhalación de gases lacrimógenos. También se han recibido informaciones que indican el asesinato de varias personas, incluyendo dirigentes estudiantiles, como el caso de Lesbin Daniel Ávila Caballero (18), que habían participado en las protestas, por parte de civiles armados.

La OMCT asimismo ha tenido conocimiento de decenas de casos de personas heridas. Muchas de estas personas han sido heridas por disparos de arma de fuego, y otras, por el empleo excesivo de bombas lacrimógenas y lanzadas directamente contra el cuerpo de los manifestantes, así como indiscriminadamente en los alrededores y dentro de viviendas en zonas de ocurrencia de las  manifestaciones. Destacan asimismo las agresiones contra defensores de derechos humanos, cuando estos se encontraban monitoreando o mediando en las protestas.

También hay constancia de varias decenas de personas detenidas, respecto las cuales se han documentado malos tratos en el momento de la detención y traslado a postas policiales, así como durante la detención, con el uso de armas no letales como gas de tipo spray o en pasta y uso de garrotes contra los detenidos, junto con periodos de incomunicación y violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso.

Entre las personas heridas, se encuentran varios estudiantes que resultaron heridos por el impacto de proyectiles de armas de fuego cuando, el pasado 24 de junio de 2019, un pelotón de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) ingresó, armado con fusiles, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La OMCT condena la violenta respuesta del gobierno de Honduras contra quienes ejercen los derechos a la libertad de reunión, expresión y asociación, y urge a las autoridades a tomar medidas para que la represión no continúe en los días que siguen, con la continuación de protestas convocadas, y cese el patrón de criminalización y uso de la violencia contra manifestantes que, en el marco de la crisis post electoral, hace menos de tres años, culminó en decenas de muertes y centenares de heridos[2].

En el marco de la última visita al país, en junio de 2018, una delegación de expertos de la OMCT concluyó, respecto el manejo de protestas y a la luz de la falta de avances en la investigación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas de fines de 2016, que las autoridades hondureñas “seguían sin respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, (…) lo que hace evidente la necesidad de aprobar un marco regulador del uso de la fuerza, incrementar la capacitación de integrantes de las fuerzas del orden y excluir a las fuerzas armadas de tareas relacionadas con el orden público”[3].

La OMCT recuerda una vez más que, según los estándares internacionales, la fuerza letal por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesario en defensa propia o defensa de terceros ante una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves.

Respecto el uso de la fuerza incluyendo armas “menos letales”, la OMCT reitera que está prohibido el disparo de proyectiles de armas como el gas lacrimógeno dirigido al cuerpo de personas, en particular cuando se hace a corta distancia y en las partes superiores del cuerpo, y no debe ser arrojado en espacios cerrados, cuando las personas no tienen una vía de evacuación, ni en las cercanías de centros de salud, centros educativos ni zonas residenciales.

Frente a los hechos expuestos, la OMCT urge a las autoridades competentes a:

- Rectificar su decisión de desplegar las fuerzas armadas en todo el país para garantizar el orden público en el marco de las protestas;

- Garantizar la vida e integridad personal de las personas que se manifiestan, de los defensores de derechos humanos que realizan tareas de observación y mediación en las protestas y de la población en general;

- Centrarse en el diálogo y vías de negociación pacíficas con los sectores sociales movilizados, que incluyan canales de participación inclusivos;

- Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos relacionados con la muerte, malos tratos, detenciones arbitrarias y cualquier otro incidente donde se haya registrado un uso abusivo excesivo o arbitrario de la fuerza, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

- Adoptar un marco legal regulador del uso de la fuerza que cumpla con los estándares internacionales en la materia.